viernes, 2 de junio de 2017

La lucha de los Pueblos Originarios

Por Sofía Romera Zanoli para El Diario del Juicio

“Después de la década del 70 y a través de una larga lucha, que implicó 40 años, luego de vivir situaciones de injusticia y opresión, nuestros pueblos lograron el reconocimiento de los derechos colectivos por parte del Estado Argentino”, Delfin Gerónimo, Secretario General de la Unión de los Pueblos Diaguitas

Ph Elena Nicolay
La historia Argentina suele pasar por alto la participación de miembros de las Comunidades Indígenas como sujetos políticos. Comunidades que debieron organizarse para poder resistir el avance del terrorismo de Estado durante los años 70. Esta ausencia se ha hecho evidente a lo largo de los juicios por delito de lesa humanidad que se han llevado adelante en Tucumán, donde hemos podido reconstruir las historias de militantes sociales, sindicalistas, estudiantes, vecinos, obreros, políticos, intelectuales pero pocas veces hemos escuchado testimonios de indígenas.
Recién en Operativo Independencia, doceavo proceso judicial, han comenzado a sonar las voces de las Comunidades. Esas voces que dan cuenta que en nuestra provincia muchos de los desaparecidos y asesinados militaban o eran líderes  de organizaciones sociales indígenas, ejemplos de lucha que defendían sus territorios de los intereses de los grandes terratenientes.
Delfín aseguró: “en los años de dictadura cívico-militar se implementaron métodos destinados a vulnerar los reclamos de las movimientos indígenas en Tucumán”. El relato que el testigo-víctima Raúl Héctor de la Cruz expuso el pasado jueves 18 de mayo ante el Tribunal Oral Federal,  es una prueba ello. Raúl es oriundo de Tafí del Valle. Actualmente tiene 70 años.
“En 1972 las comunidades formamos La Federación Indígena con el fin de defender nuestras tierras de los avances de los terratenientes, pero la disolvimos una vez que empezaron los secuestros”, contó Raúl.
Todo comenzó en 1975. “Un grupo de hombres vestidos con uniforme verde irrumpieron en mi casa y me pidieron que los acompañe. Me encapucharon y me llevaron junto a dos compañeros de la Federación Indígena: Pedro Pablo Santana Campos, presidente de la organización y a Martiniano López, a un destacamento de Gendarmería que se encontraba en la zona del Mollar”.
Fuimos torturados e interrogados, nos preguntaban si teníamos contactos con grupos políticos, luego fuimos trasladados a la Escuelita de Famaillá, allí se escuchaban gritos y llantos. No teníamos noción del tiempo, sólo sabíamos que cuando ponían música fuerte empezaban las torturas”. El hombre aclaró que la última vez que escuchó a sus compañeros fue en ese centro clandestino de detención que funcionaba en La Escuelita.
En una oportunidad, los captores llevaron a Héctor a un aula donde “había una chica, parecía que tenía 16 o 17 años,  estaba totalmente desnuda y atada sobre una cama elástica, en un momento me sacaron la capucha que tenía puesta y le preguntaron si me conocía. La mujer contestó que no”, recordó el testigo con un cierto alivio, como si la respuesta de la joven lo hubiera salvado de una paliza.
También lo pusieron ante  Acdel Edgardo Vilas, el militar-genocida que antecedió a Antonio Domingo Bussi en el mando del Operativo Independencia en 1975 y que luego actuó como segundo comandante del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Acusado de ser el responsable de varios casos de secuestros y torturas, Vilas falleció en el 2010 sin ser juzgado por la justicia argentina. “Yo lo conocía porque él tenía una casa en Tafí del Valle, me dijo que lo único que podía hacer por mí era legalizarme y esa misma noche fui llevado a la cárcel de Villa Urquiza”
Tiempo después Raúl  fue trasladado a la cárcel de La Plata, luego a Sierra Chica y por último a Trelew. Recuperó su libertad en 1983. Hoy, más de 40 años después su historia llega a la sala de audiencias por pedido del Ministerio Público Fiscal, ya que el testimonio de Raúl Héctor Cruz no estaba previsto en este debate. Su nombre fue agregado a la lista de testigos, en los últimos días del juicio que juzga los delitos cometidos por 19 imputados  ex miembros de las fuerzas armadas antes del golpe de Estado de 1976.

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